Por administra 
La Ciudad de México enfrenta una crisis de vivienda que afecta a casi 2 millones de personas que rentan su hogar. Entre 2019 y 2023, las rentas en algunas zonas subieron más del 30 por ciento, según declaraciones de la jefa de Gobierno.
La situación es crítica para las familias más vulnerables. Los hogares más pobres destinan hasta la mitad de sus ingresos mensuales solo para pagar la renta. En 2020, cerca de 500 mil personas fueron expulsadas de la ciudad por no poder costear su vivienda.
Para atender el problema, la jefa de Gobierno Brugada presentó la semana pasada la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que incluye una reforma a la constitución local.
La iniciativa propone aumentar la oferta de vivienda social y asequible. También establece que las rentas solo podrán subir hasta el límite de la inflación anual. Además, crea una institución para mediar conflictos entre inquilinos y propietarios.
En teoría, la propuesta suena bien y protegería a quienes rentan. Sin embargo, expertos advierten que la ley llega tarde para resolver el problema real.
El Mundial de Fútbol 2026 aceleró y amplificó la crisis de vivienda en la capital. Desde 2023, se han abierto al menos 81 expedientes por posibles desalojos o desplazamientos forzados, según la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
Los desalojos de edificios completos se volvieron cada vez más comunes, muchas veces sin órdenes judiciales. La razón es económica: resulta más rentable para los dueños ofrecer rentas de corta estancia que contratos tradicionales.
Las cifras lo confirman. Solo en el primer semestre de 2025, cada dos días se sumaron tres viviendas completas al mercado de rentas temporales en plataformas digitales.
Para la semana inaugural del Mundial 2026, las tarifas de renta temporal se han cotizado entre 85 mil y 350 mil pesos en algunas colonias. Esto explica por qué tantos propietarios están cambiando su modelo de negocio.
El problema es que una ley aprobada en 2024 que limita las rentas en plataformas como Airbnb a 180 noches al año sigue sin aplicarse. Mientras tanto, miles de familias continúan siendo desplazadas de sus hogares.
La pregunta que queda en el aire es si la nueva ley llegará a tiempo para proteger a quienes realmente lo necesitan, o si solo quedará como buena intención en papel.